La Junta de Extremadura, la Administración Central y algunos
Ayuntamientos, con la excusa de recortar gasto público, han entrado en una
espiral peligrosa que está perjudicando gravemente a la economía extremeña y
sobre todo a trabajadoras y trabajadores.
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Muchos de los servicios que tienen privatizados, como la
limpieza, la vigilancia, etc; los están adjudicando por precios que no cubren
siquiera los costes de personal de las plantillas estándares necesarias, en
aplicación del convenio colectivo correspondiente.
Esto hace que las adjudicatarias, para seguir manteniendo el
nivel de beneficios, opten por destruir empleo, aumentando la carga de trabajo
por persona; y por otro lado, apliquen reducciones salariales descaradas, en
sectores ya de por sí con muy bajos salarios, sirviéndose además, de la presión
que ejercen sobre el mercado de trabajo, las más de 141.000 personas paradas
que hay en Extremadura, donde casi la mitad carecen de prestaciones u otros
ingresos.
Tremenda contradicción que la Junta abuse de esta práctica,
cuando debiera ejercer de Autoridad Laboral velando por la calidad de las
relaciones laborales.
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