Los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, IU, y PREX) en el parlamento extremeño debieran devolver al gobierno regional el Proyecto de Ley Agraria de Extremadura.
A continuación se expone el guión seguido en la comparecencia que, junto al Secrertario General de la Federación Agroalimentaria de CCOO de Extremadura, he realizado ante la la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa Regional para exponer la postura del sindicato al respecto del citado Proyecto de Ley.
COMPARECENCIA ANTE
LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA SOBRE EL PROYECTO DE
LEY AGRARIA
Agradecimiento a la
Asamblea de Extremadura por considerar de interés nuestra opinión al respecto
de este Proyecto de Ley. Una vez más CCOO está a disposición de la cámara legislativa
y, en este caso, de esta Comisión para todo aquello que podamos aportar y sea
de su interés.
Antes de entrar de
lleno en algunas consideraciones propias del Proyecto de Ley que nos trae aquí,
quisiera trasladar algunas cuestiones previas:
1.- En términos de valor añadido bruto (VAB 2013), los
subsectores enmarcados en la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca en
nuestra región representaron aproximadamente el 6% del valor total para
Extremadura.
2.- En los mismos términos, la industria agroalimentaria
extremeña, que supone un 40% del Valor total de la industria manufacturera
regional, representó el 3,3% del nuestro VAB total regional
3.- Ambos sectores, a los que pretende regular directa o
indirectamente este Proyecto de Ley, representan más del 10% de nuestro PIB
regional.
4.- Como puede observarse hay una clara incongruencia entre
los valores de representación del sector considerado primario y su
correspondiente industrial, que explica en gran medida las defunciones y
“cuellos de botella” que ello supone para la economía regional y su mercado de
trabajo.
5.- En términos EPA (Encuesta de Población Activa), casi el
15% del total del empleo medio en los últimos cuatro años, se han desarrollado
en los subsectores del sector primario, Agricultura, etc.. (10,4%) y la
industria agroalimentaria (4,3%) (52.000 empleos de media).
6.- El paro en la agricultura (20.700/13,6% del total del paro
Extremeño), en términos EPA, se ha incrementado casi un 27% en el último año en
la región. En la industria agroalimentaria el paro (2.900) ha sufrido un
incremento bastante menor, en torno al 5% (300) en el último año.
7.- Según los datos de seguridad social referidos en promedio
2014 casi el 29% de los inscritos extremeños, lo estaban en la rama agraria, bien como autónomos (10.500 de media-
propietarios o arrendatarios-) o como trabajadores por cuenta ajena (61.000 de
media).
8.- Estos últimos (hombres y mujeres) son los
tradicionalmente llamados jornaleros y representan más del 85% de los
trabajadores agrarios propiamente dichos de la región, así como el 17% del
conjunto de los asalariados por cuenta ajena inscritos en la seguridad social
en Extremadura durante el último año.
9. Durante 2014, del total de contratos realizados (570.518),
casi un 44% lo fueron en agricultura
(251.000) (una media de 7 contratos por ocupado). En la industria
agroalimentaria apenas se realizaron el 1,5% del total de la contratación registrada
(unos 8.300) (una media de 0,6 contratos por ocupado).
10.- El montante de fondos europeos, en sus diversas
modalidades derivadas de la PAC y ayudas al desarrollo rural, que tendrán
incidencia directa en los sectores de referencia que ampara esta Ley, podrían
superar los 4.000 millones de euros hasta 2020; todo ello sin contemplar
aquellos otros fondos europeos, propios y procedentes del Estado Español,
destinados a infraestructuras, regulación territorial, servicios, industria,
formación, empleo, etc..; que en dicho periodo, directa o indirectamente,
incidirán en los sectores mencionados.
11.- El 31 de Julio de 2014 El Consejo Económico y Social de
Extremadura en su reunión plenaria aprobó por unanimidad el dictamen sobre el
Anteproyecto de Ley Agraria de Extremadura que el 3 de dicho mes le había sido presentado por la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de
Extremadura.
12.- El proyecto de Ley Agraria fruto de esta comparecencia
no recoge ninguno de los preceptos, recomendaciones y conclusiones del citado
dictamen del CES, siendo en la práctica una copia prácticamente idéntica del
Anteproyecto dictaminado.
Hace aproximadamente dos años que el Gobierno Regional
trasladó públicamente su intención de promover una legislación acorde con los
tiempos y necesidades actuales en materia agraria.
Desde el primer momento
desde CCOO nos hemos sentidos interesados y concernidos por establecer un
proceso de concertación social con el gobierno en materia agraria y sus
derivadas, al tratarse de una política sectorial base que se integra en
cualquier estrategia de desarrollo socio económico de Extremadura.
En reiteradas ocasiones, privada y públicamente, verbalmente
y por escrito, así lo hemos planteado tanto al Consejero del ramo como al
Presidente de la Junta. En todas las ocasiones hemos obtenido la callada por
respuesta. Encontrándonos ahora, de prisa y corriendo, un Proyecto Legislativo
que en ningún momento se deriva de un proceso de concertación previo que sería
lo lógico y normal, tratándose de materias claves en el desarrollo regional.
Valga como muestra la conclusión final del CES en su dictamen
aludido, que dice textualmente: “Por la
importancia para la economía y la sociedad extremeña, al tratar de regular, en
una sola norma tan extensa y complicada todo un sector estratégico, este CES
recomienda un amplio proceso de concertación y dialogo social con los agentes
sociales y económicos y los actores protagonistas del agro autonómico, no sólo
para cumplir los preceptos legales recogidos en el Estatuto de Autonomía, la
Constitución Española y la Ley de Participación Institucional, sino y sobre
todo, para que el texto que regule la agricultura en Extremadura nazca del
consenso y el acuerdo”.
¿Qué valor puede tener una Ley que regula políticas
económicas, si los actores intervinientes en el proceso económico, productivo y
social no se sienten concernidos, debido a su falta de participación? ¿Cómo se
pueden establecer mecanismos que influyen en el proceso si los actores del
proceso van en una dirección y lo regulado en la ley va en otra?
Desde CCOO suscribimos,
así mismo, todas las recomendaciones que el CES realiza en el citado dictamen
al Anteproyecto de Ley y por consiguiente considérense incorporadas a esta
comparecencia en su integridad, especialmente las que hacen referencia a:
1.- Incorporación de Jóvenes
2.- Reconocimiento fomento del papel de las mujeres en el
medio rural
3.- Trabajo asalariado
4.- Consejo Asesor Agrario (Incorporación de agentes sociales
y económicos).
5.- Salud laboral y
Prevención de Riesgos
6.- Trabajo temporero
7.-Trazabilidad
8.- Impulso a la investigación, desarrollo e innovación
aplicada
9.- Formación agraria y agroalimentaria
10.- Cadena de valor
11.- Representatividad de las OPAs
12.- Agentes del medio natural
13.- Concertación social y participación
Así mismo, también señalado por el CES, no compartimos el blindaje presupuestario obligando destinar un
determinado porcentaje a los sectores agrarios, agroalimentarios y medio
natural; además de las razones argumentadas por el propio CES, añadiríamos una
más relacionada con la incongruencia que supone blindar los PGEx en políticas
sectoriales económicas. ¿Qué razones habría para no hacerlo en otras:
industriales, energéticas, turísticas, transportes, etc.). El chicle
presupuestario no tendría fin… Una cosa son los servicios públicos universales
y otra bien distinta las políticas económicas.
No se puede legislar
sin intentar previamente procesos de concertación social en las materias
correspondientes, cuando estas representan más del 10% del PIB regional y el
15% del empleo, como
es el caso. ¿Cómo se puede dejar fuera a quienes constitucionalmente están
legitimados para ello?
¿Cómo no contemplar en
la política agraria y en la legislación que la pretende regular al 85% de los
trabajadores y trabajadores efectivamente agrarios? ¿Por qué y para qué ningunear a sus
legítimos representantes?
¿Cómo se puede legislar
sin intentar concertar previamente en materias que reciben tan importantes
cantidades de fondos públicos y que suponen claramente ingentes transferencias
de rentas del trabajo al capital? ¿Cómo dejar fuera a los legítimos representantes en este
conflicto?
Por muchas de las razones aquí expuestas y otras que por el
tiempo y el formato, lógicamente, han estado ausentes; Extremadura, más que una Ley Agraria, que también, necesita una
verdadera estrategia agraria, fruto de la concertación social y política.
Con ello las leyes reguladoras de las distintas materias vendrán solas y cualquier
gobierno, a buen seguro, se sentirá bastante más legitimado para propiciarlas.
Pensando en la ciudadanía, la economía regional, en el
desarrollo social, el desarrollo rural, el empleo y en el propio desarrollo de
las políticas sectoriales que ampara esta Ley, ya que el gobierno ha hecho caso omiso a la recomendación del CES, de
no abordar la ley hasta agotar un amplio proceso de diálogo y concertación
social; sería bueno que esta Comisión o a quien corresponda en la Asamblea de
Extremadura, revocara este Proyecto de Ley hasta tanto no hubiera otro, fruto
de una Estrategia Agraria de Extremadura ampliamente consensuada en los ámbitos
socioeconómicos y políticos .
Julián Carretero Castro. Secretario General CCOO Extremadura
Mérida 4 de Febrero 2015.
La única respuesta de Monago ha sido la herencia y “tranquis”
que todo estaba previsto; obviando que su anterior Consejero de Hacienda subió la
ecotasa en 2012 y el actual, el de la cabriola, fue el que le dio el VºBº desde
el Consultivo… ¡Como para estar tranquilos!
