EL PROYECTO DE LEY AGRARIA DE EXTREMADURA NO DEBERÍA SEGUIR ADELANTE

Los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, IU, y PREX) en el parlamento extremeño debieran devolver al gobierno regional el Proyecto de Ley Agraria de Extremadura.
A continuación se expone el guión seguido en la comparecencia que, junto al Secrertario General de la Federación Agroalimentaria de CCOO de Extremadura, he realizado ante la la Comisión de Agricultura de la Asamblea Legislativa Regional para exponer la postura del sindicato al respecto del citado Proyecto de Ley.

COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA SOBRE EL PROYECTO DE LEY AGRARIA

 Agradecimiento a la Asamblea de Extremadura por considerar de interés nuestra opinión al respecto de este Proyecto de Ley. Una vez más CCOO está a disposición de la cámara legislativa y, en este caso, de esta Comisión para todo aquello que podamos aportar y sea de su interés.

Antes de entrar de lleno en algunas consideraciones propias del Proyecto de Ley que nos trae aquí, quisiera trasladar algunas cuestiones previas:

1.- En términos de valor añadido bruto (VAB 2013), los subsectores enmarcados en la agricultura, ganadería, selvicultura y pesca en nuestra región representaron aproximadamente el 6% del valor total para Extremadura.

2.- En los mismos términos, la industria agroalimentaria extremeña, que supone un 40% del Valor total de la industria manufacturera regional, representó el 3,3% del nuestro VAB total regional

3.- Ambos sectores, a los que pretende regular directa o indirectamente este Proyecto de Ley, representan más del 10% de nuestro PIB regional.

4.- Como puede observarse hay una clara incongruencia entre los valores de representación del sector considerado primario y su correspondiente industrial, que explica en gran medida las defunciones y “cuellos de botella” que ello supone para la economía regional y su mercado de trabajo.

5.- En términos EPA (Encuesta de Población Activa), casi el 15% del total del empleo medio en los últimos cuatro años, se han desarrollado en los subsectores del sector primario, Agricultura, etc.. (10,4%) y la industria agroalimentaria (4,3%) (52.000 empleos de media).

6.- El paro en la agricultura (20.700/13,6% del total del paro Extremeño), en términos EPA, se ha incrementado casi un 27% en el último año en la región. En la industria agroalimentaria el paro (2.900) ha sufrido un incremento bastante menor, en torno al 5% (300) en el último año.

7.- Según los datos de seguridad social referidos en promedio 2014 casi el 29% de los inscritos extremeños, lo estaban en la rama agraria,  bien como autónomos (10.500 de media- propietarios o arrendatarios-) o como trabajadores por cuenta ajena (61.000 de media).

8.- Estos últimos (hombres y mujeres) son los tradicionalmente llamados jornaleros y representan más del 85% de los trabajadores agrarios propiamente dichos de la región, así como el 17% del conjunto de los asalariados por cuenta ajena inscritos en la seguridad social en Extremadura durante el último año.

9. Durante 2014, del total de contratos realizados (570.518),  casi un 44% lo fueron en agricultura (251.000) (una media de 7 contratos por ocupado). En la industria agroalimentaria apenas se realizaron el 1,5% del total de la contratación registrada (unos 8.300) (una media de 0,6 contratos por ocupado).

10.- El montante de fondos europeos, en sus diversas modalidades derivadas de la PAC y ayudas al desarrollo rural, que tendrán incidencia directa en los sectores de referencia que ampara esta Ley, podrían superar los 4.000 millones de euros hasta 2020; todo ello sin contemplar aquellos otros fondos europeos, propios y procedentes del Estado Español, destinados a infraestructuras, regulación territorial, servicios, industria, formación, empleo, etc..; que en dicho periodo, directa o indirectamente, incidirán en los sectores mencionados.

11.- El 31 de Julio de 2014 El Consejo Económico y Social de Extremadura en su reunión plenaria aprobó por unanimidad el dictamen sobre el Anteproyecto de Ley Agraria de Extremadura que el 3 de dicho mes  le había sido presentado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.

12.- El proyecto de Ley Agraria fruto de esta comparecencia no recoge ninguno de los preceptos, recomendaciones y conclusiones del citado dictamen del CES, siendo en la práctica una copia prácticamente idéntica del Anteproyecto dictaminado.

Hace aproximadamente dos años que el Gobierno Regional trasladó públicamente su intención de promover una legislación acorde con los tiempos y necesidades actuales en materia agraria.

Desde el primer momento desde CCOO nos hemos sentidos interesados y concernidos por establecer un proceso de concertación social con el gobierno en materia agraria y sus derivadas, al tratarse de una política sectorial base que se integra en cualquier estrategia de desarrollo socio económico de Extremadura.

En reiteradas ocasiones, privada y públicamente, verbalmente y por escrito, así lo hemos planteado tanto al Consejero del ramo como al Presidente de la Junta. En todas las ocasiones hemos obtenido la callada por respuesta. Encontrándonos ahora, de prisa y corriendo, un Proyecto Legislativo que en ningún momento se deriva de un proceso de concertación previo que sería lo lógico y normal, tratándose de materias claves en el desarrollo regional.

Valga como muestra la conclusión final del CES en su dictamen aludido, que dice textualmente: “Por la importancia para la economía y la sociedad extremeña, al tratar de regular, en una sola norma tan extensa y complicada todo un sector estratégico, este CES recomienda un amplio proceso de concertación y dialogo social con los agentes sociales y económicos y los actores protagonistas del agro autonómico, no sólo para cumplir los preceptos legales recogidos en el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y la Ley de Participación Institucional, sino y sobre todo, para que el texto que regule la agricultura en Extremadura nazca del consenso y el acuerdo”.

¿Qué valor puede tener una Ley que regula políticas económicas, si los actores intervinientes en el proceso económico, productivo y social no se sienten concernidos, debido a su falta de participación? ¿Cómo se pueden establecer mecanismos que influyen en el proceso si los actores del proceso van en una dirección y lo regulado en la ley va en otra?

Desde CCOO suscribimos, así mismo, todas las recomendaciones que el CES realiza en el citado dictamen al Anteproyecto de Ley y por consiguiente considérense incorporadas a esta comparecencia en su integridad, especialmente las que hacen referencia a:

1.- Incorporación de Jóvenes

2.- Reconocimiento fomento del papel de las mujeres en el medio rural

3.- Trabajo asalariado

4.- Consejo Asesor Agrario (Incorporación de agentes sociales y económicos).

5.-  Salud laboral y Prevención de Riesgos

6.- Trabajo temporero

7.-Trazabilidad

8.- Impulso a la investigación, desarrollo e innovación aplicada

9.- Formación agraria y agroalimentaria

10.- Cadena de valor

11.- Representatividad de las OPAs

12.- Agentes del medio natural

13.- Concertación social y participación

Así mismo, también señalado por el CES, no compartimos el blindaje presupuestario obligando destinar un determinado porcentaje a los sectores agrarios, agroalimentarios y medio natural; además de las razones argumentadas por el propio CES, añadiríamos una más relacionada con la incongruencia que supone blindar los PGEx en políticas sectoriales económicas. ¿Qué razones habría para no hacerlo en otras: industriales, energéticas, turísticas, transportes, etc.). El chicle presupuestario no tendría fin… Una cosa son los servicios públicos universales y otra bien distinta las políticas económicas.

No se puede legislar sin intentar previamente procesos de concertación social en las materias correspondientes, cuando estas representan más del 10% del PIB regional y el 15% del empleo, como es el caso. ¿Cómo se puede dejar fuera a quienes constitucionalmente están legitimados para ello?

¿Cómo no contemplar en la política agraria y en la legislación que la pretende regular al 85% de los trabajadores y trabajadores efectivamente agrarios? ¿Por qué y para qué ningunear a sus legítimos representantes?

¿Cómo se puede legislar sin intentar concertar previamente en materias que reciben tan importantes cantidades de fondos públicos y que suponen claramente ingentes transferencias de rentas del trabajo al capital? ¿Cómo dejar fuera a los legítimos representantes en este conflicto?

Por muchas de las razones aquí expuestas y otras que por el tiempo y el formato, lógicamente, han estado ausentes; Extremadura, más que una Ley Agraria, que también, necesita una verdadera estrategia agraria, fruto de la concertación social y política. Con ello las leyes reguladoras de las distintas materias vendrán solas y cualquier gobierno, a buen seguro, se sentirá bastante más legitimado para propiciarlas.

Pensando en la ciudadanía, la economía regional, en el desarrollo social, el desarrollo rural, el empleo y en el propio desarrollo de las políticas sectoriales que ampara esta Ley, ya que el gobierno ha hecho caso omiso a la recomendación del CES, de no abordar la ley hasta agotar un amplio proceso de diálogo y concertación social; sería bueno que esta Comisión o a quien corresponda en la Asamblea de Extremadura, revocara este Proyecto de Ley hasta tanto no hubiera otro, fruto de una Estrategia Agraria de Extremadura ampliamente consensuada en los ámbitos socioeconómicos y políticos . 

Julián Carretero Castro. Secretario General CCOO Extremadura

Mérida 4 de Febrero 2015.