-A día de hoy, pretender trasladar a la
ciudadanía que una mera declaración de intenciones político partidarias hace
posible devolver a las cajas extremeñas su carácter de banca social y su
naturaleza jurídica perdida, no es una ingenuidad ni siquiera un acto de Poncio
Pilatos, es un acto de cinismo político que raya la felonía-
Venimos asistiendo a los largo de los últimos años a
uno de los mayores despropósitos en materia financiera de la historia de este
país y por supuesto de esta región. La avaricia de las élites y de la banca
privada y su pretensión, larvada durante años, de hincarle el diente a la
porción de tarta del negocio financiero en manos de las cajas de ahorro afloró
de repente y sin complejos.
Escudándose en la crisis y con la complicidad del
Banco de España, de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP y de Bruselas,
han conseguido culminar una bancarización de las cajas con los famosos SIPs (Sistemas
Institucionales de Protección), que ha dado al traste con un modelo centenario
de banca social, muy inclusivo financieramente y que ha sido clave, desde los
Pactos de la Moncloa para acá, para el proceso de modernización económica y
productiva y consolidación democrática de nuestro país.
No debiera
solaparse esta bancarización con la mala gestión y otras prácticas,
fraudulentas en algunos casos, despilfarradoras, sin control y deleznables a
todas luces llevadas a cabo por ciertas cajas y sus responsables.
Pero la malla ya estaba tejida y lejos de buscar a
los culpables, donde quiera que estuvieran, condenarlos si lo eran y
encarcelarlos, interesó más utilizar este “anillo al dedo” perfecto para
extender la idea de un sistema de cajas fraudulento, corrupto y haciendo aguas
por todas partes, sin distinguir unas de otras y metiéndolas a todas en el
mismo saco. Así resultaba más fácil redondear el negocio, encubriendo ante la
sociedad la intención de acabar definitivamente con las cajas.
Que había que reestructurar y redimensionar el
sector nadie lo ponía en duda, como tampoco que debía reducirse la excesiva
representación política y de las entidades fundadoras en relación a impositores
y trabajadores. Pero lo que no debió ser dogma de fe es que los SIPs tenían que
ser forzosamente bancos, podían haberse convertido en “cajas de cajas”, como
por cierto ya lo era la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro),
conservado así su preciado carácter social y naturaleza jurídica; pero
lógicamente esto no interesaba, hasta apartar y denostar a quienes permanecimos
defendiendo esta alternativa. Algunos acompañantes con importante poder de
decisión desde los gobiernos de las CCAA, en los dos grandes partidos, pronto
sucumbieron a la presión de los grandes grupos financieros y a la disciplina
partidaria.
En Extremadura esta soledad se hizo más patente
porque se cambió la respuesta en medio de la pregunta, se “mareó la perdiz” con
la fusión de las dos cajas y se deshojó la margarita en varias ocasiones.
En cuestión de días la fusión paso de ser la
solución a ser el problema y uno se quedó casi como único exponente de este
modelo, poniendo énfasis en la fatalidad que supondría perder la naturaleza
jurídica, el carácter social y la extremeñidad de las cajas y pronosticando el
camino por el que iban a discurrir los acontecimientos y que ha desembocado
desgraciadamente en la situación en la que hoy se encuentran, lo que queda de
Caja Badajoz y Caja Extremadura.
Más allá de las graves incertidumbres que ahora
pesan sobre el futuro de las plantillas de ambas cajas, ya sometidas con
anterioridad a una primera reestructuración con un fuerte impacto laboral, se
acabó la inclusión financiera, la contribución al microcrédito, sobre todo en
el ámbito rural, sostenedor de un entramado familiar de negocio imprescindible
para generar riqueza, empleo y fijación de la población.
Se acabó la posibilidad de seguir ampliando y
diversificando esa importante red social y de infraestructuras que las cajas, a
lo largo de estos últimos treinta años, han construido en nuestras ciudades y
pueblos: centros para atender la discapacidad, residencias de mayores, escuelas
infantiles, casas culturales, bibliotecas, centros recreativos y deportivos,
fundaciones, asociaciones. Se acabó la contribución a los programas sociales,
culturales, para el empleo, de difusión turística, etc.
En definitiva, se ha acabado con una forma de
negocio bancario con capacidad de redistribuir el dividendo a la sociedad y se
ha acabado con una herramienta financiera que, con todos sus defectos, contaba
con instrumentos de control y gobierno democráticos en un ámbito donde la
opacidad y el puro beneficio, para directivos y accionistas, son las señas de
identidad en la toma de decisiones.
Quienes en mayor o menor medida, por acción u
omisión, hemos contribuido a este deterioro, no deberemos extrañarnos de ser
señalados por la sociedad como responsables y en algunos casos también como
culpables. Una vez más la ciudadanía colectivamente hemos sido engañada y
obtusos de nosotros, a los timadores y sus cómplices necesarios aún les
seguimos justificando y hasta jaleando.
No estaría mal que aquella caja de ahorro que
todavía quede en pie, si la hay, sirviera de semilla para de nuevo intentar
reconstruir un entramado financiero y social que, debidamente armado, nos
ayudara a encarar el difícil futuro.
Pero bueno, para muchos esto será pura política
ficción, como seguramente también lo es pretender que, con los bancos y cajas
nacionalizadas saneados con los impuestos de todos los españoles, se ponga en
marcha una auténtica banca pública estatal, capaz de retener el empleo del
sector y hacer fluir la verdadera sangre que necesita nuestro tejido productivo
para transformarse y salir de la crisis: crédito.
Julián Carretero Castro. Secretario General de CCOO Extremadura.
