Marisol Salazar, Ángel Benito y Francisco Jiménez. Secretarios
generales de las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Enseñanza y Sanidad
de CCOO de Extremadura
Incumplir un convenio colectivo
es ilegal por mucho que lo nieguen algunos voceros, incluido el Consejero de
Sanidad de la Junta de Extremadura Luis A. Hernández Carrón, que demuestra una
ignorancia impropia de su cargo o bien un deseo de obediencia partidaria de
manipular la realidad. Real es el grave error que comete el Gobierno de Monago
al recurrir ante el Supremo, sin explicación pública de los fundamentos
jurídicos en que se basa, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, que da la razón a CCOO, sobre la obligatoriedad de convocar el
turno de ascenso para el personal laboral en las oposiciones de la Junta.
La Administración comete un error
y en vez de corregir y encauzar una solución que no conculque derechos, consuma otro mayor y utiliza su enorme aparato
propagandístico para culpar a otros de sus meteduras de pata.
Acudiendo a los tribunales hemos
pretendido detener la injusticia que se había cometido con el personal laboral al tiempo de
dar seguridad jurídica a los opositores, para que si obtenían plaza estuvieran
tranquilos y sin la incertidumbre vivida, por ejemplo, por los que realizaron
las oposiciones de enfermería del SES. La Sentencia aclara la ilegalidad del
proceso tal y como el Gobierno de Monago lo pretendía ejecutar. Invitamos a
quien tenga dudas al respecto a su lectura pormenorizada. No es CCOO quien
paraliza las oposiciones, sino la Justica.
Dice expresamente que no hay
razones para saltarse la convocatoria del turno de ascenso y queda totalmente
demostrado que CCOO nunca acordó nada en ese sentido, ni verbalmente ni por
escrito, porque hacerlo hubiera supuesto colaborar en la ilegalidad pretendida
por el Gobierno.
Siempre advertimos que tenían que
convocar el turno de ascenso en los términos señalados en el Convenio Colectivo
del Personal Laboral, norma básica que regula este tipo de convocatorias y las
relaciones laborales en el seno de este colectivo conformado por casi diez mil
personas. Desde la Junta nunca hicieron
caso, por lo que nos vimos obligados a acudir a la Justicia.
La decisión judicial que nos da
la razón ha sido un buen momento para rectificar por parte de la Junta como
reiteradamente le hemos pedido, pero lamentablemente parece ser otra
oportunidad perdida por la cerrazón irresponsable del Gobierno y de quien lo
preside.
Las consecuencias del
empecinamiento las sufrirán tanto el personal laboral en activo como los
opositores que aspiran a conseguir una de las plazas ofertadas. Los
responsables políticos de esta decisión, Clemente Checa y José Antonio Monago, no
van a tener que vivir en sus carnes esta incertidumbre, ni asumirán
personalmente el coste y repercusiones que ello podrá implicar a la ciudadanía
extremeña.
Nunca pusimos objeciones a las
bases de la convocatoria del turno libre y por el contrario reiteramos a la
Administración que apremiase. Hemos denunciando los retrasos que el proceso
está experimentando con independencia de la Sentencia. Pese a que Monago
anunció la convocatoria hace ahora un año, a día de hoy no se ha dado a conocer
la lista provisional de admitidos, no se han formado los tribunales, ni se ha
resuelto el concurso de traslados en el caso del personal funcionario.
No se trata de optar por una u
otra convocatoria como la propaganda del Gobierno pretende, ni optar por un
colectivo u otro, enfrentándolos. Se trata de cumplir el Convenio Colectivo y
convocar conjuntamente el turno de ascenso y el turno libre con los
procedimientos correctos. ¿No será que los responsables de este desaguisado están
jugando con las oposiciones y con sus fechas, pensando más en las elecciones
autonómicas de mayo, que en las personas y en las necesidades de los servicios
públicos?
Clemente Checa que llegó a la
Consejería de Hacienda y Administración Pública con mal pie, por aquello de los
cobros incompatibles con su anterior responsabilidad al frente del Consejo Consultivo
de Extremadura, ha puesto de manifiesto su incompetencia al frente de la misma.
Es incomprensible que un jurista de su trayectoria no admita los argumentos de
la sentencia del TSJEX. A la de los cobros de entonces debiera unir esta otra
razón para pensar en marcharse si aún le queda algo de respeto por sí mismo. ¿Cómo
pensar en regir los destinos laborales de más de 45.000 personas empleadas de
la Junta, desde el incumplimiento de una norma básica como es el Convenio Colectivo?
La Junta de Extremadura además, a
través de la Consejería de Empleo cuya titular es Inspectora de Trabajo, tiene
competencias en materia laboral, entre ellas ejercer como Autoridad Laboral. ¿Cómo
desde dicha competencia velará por el cumplimiento de las normas laborales y
los convenios colectivos que afectan a otros, cuando el suyo propio lo ignora y
lo incumple?
Estamos ante una arbitrariedad
más y derroche a costa del contribuyente. La decisión de persistir en un
proceso de oposiciones con estas incertidumbres jurídicas atenta contra los derechos
laborales, los principios democráticos y el buen uso de los recursos públicos.
¿Pagará de su bolsillo el Consejero de Hacienda la equivocación cometida por el
Consejero de Administración Pública? Mientras, sigue la zozobra de opositores y
personal laboral en activo.
